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Fallo sobre un caso de amenaza de bomba en una escuela

- 14:34 Opinión

Por el Dr. Ramón Bogado Tula

Juez de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2

Departamento Judicial de San Martín.

En estos días ha despertado interés en nuestra sociedad, el fallo que declaró culpable al joven que realizó una amenaza de bomba a una escuela mediante una llamada al sistema de emergencias 911. El hecho se produjo en perjuicio de una institución educativa de la localidad de Ciudad Jardín, Lomas del Mirador, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

En dicha sentencia, y tras analizar la prueba producida durante el debate, declaré culpable a dicho joven quien era menor de edad al momento de cometer el hecho por el delito de intimidación pública.

Este fallo trae aparejado la importancia de tomar conciencia de todas las consecuencias que generan este tipo de acciones. Antes de tomar esta decisión, pude valorar a partir de los múltiples aportes de los testigos, todos los recursos que son puestos en funcionamiento para hacer frente a este tipo de amenazas tales como: la concurrencia de fuerzas policiales, división de explosivos, personal médico de emergencias, ambulancias, personal de tránsito, defensa civil y bomberos.

Por otro lado, valoré para mi decisión los sentimientos de temor y de angustia que se pueden generar, así como también, los eventuales y latentes peligros a los que se expone la ciudadanía en este tipo de situaciones.

Queda claro, que una amenaza de bomba, no es una cuestión que deba ni pueda tomarse a la ligera. Y por ello, ante su existencia es fundamental que se adopten todos los recaudos para hacerle frente.

No se trata de cualquier riesgo, estamos hablando de alumnos en edad escolar. El experto de la División de Explosivos de San Martín que prestó declaración durante el juicio, señaló que en la provincia de Buenos Aires, durante los operativos desplegados ante las múltiples amenazas de bomba en escuelas, se han producido consecuencias de gravedad como por ejemplo, un alumno fue atropellado durante un operativo y también se produjo la colisión de un camión de dicha división con otro vehículo cuando se dirigían hacia el lugar de un evento.

También, las autoridades educativas y las fuerzas de seguridad, señalaron que al realizarse los protocolos de evacuación en las escuelas, los alumnos se ven sometidos a múltiples peligros, ya que se los retira con urgencia de una zona de seguridad como es el interior de un establecimiento educativo hacia el exterior, generalmente la vía pública, donde pueden quedar expuestos a algún tipo de accidente y ser víctimas de delitos. Es por ello, que considero que este tipo de amenazas de colocación de artefactos explosivos generan temor público, no sólo en alumnos, docentes, sino también en los padres, familiares y vecinos, que sufren la angustia y el temor de que algo grave pueda suceder.

También, al llevar a cabo estos procedimientos se emplean múltiples recursos del Estado en forma ineficiente que dejan de ser invertidos eficazmente en situaciones reales que ameritan su intervención, tal como lo afirmaron durante el juicio las autoridades del municipio de Tres de febrero.

No puedo dejar de mencionar otra de las graves consecuencias: la interrupción del dictado de clases. Todos conocemos la trascendencia de que nuestros niños y jóvenes reciban una adecuada educación escolar.

Sin perjuicio de que debe analizarse cada caso concreto y la prueba producida en cada proceso, tal como hice en este hecho sometido a mi ponderación, en el que tuve por configurado el delito de intimidación pública y la autoría penalmente responsable del joven sometido a proceso.

En este fallo, se ha buscado generar conciencia pública y una mirada que contribuya para que los jóvenes involucrados en este tipo de hechos, puedan realizar una profunda reflexión sobre las consecuencias de este tipo de accionar y sobre los perjuicios ocasionados y los peligros a los que se expone a toda la ciudadanía.

Deseo que este pronunciamiento siente las bases para generar en nuestros jóvenes y en la comunidad toda, una profunda introspección y reflexión sobre las consecuencias altamente nocivas que este tipo de acciones producen en el seno de nuestra comunidad, y lograr de este manera, contribuir a la erradicación de estas conductas.

En ese sentido, he dispuesto aplicar en la sentencia al joven sometido a proceso medidas judiciales de integración social entre las que destaco: su asistencia junto a sus padres a la dependencia de la División en Explosivos de San Martín y al servicio de emergencias 911, para mantener entrevistas con personal de dichas dependencias, a fin de interiorizarse sobre la importancia y trascendencia de la misión y la labor llevada adelante por las mismas, y generar conciencia sobre las consecuencias de este tipo de accionar.

Entre otras cosas, también dispuse que continúe con su escolaridad, con la tarea laboral con su padre, y con el tratamiento psicológico que lleva adelante y que sus progenitores concurran a talleres de acompañamiento para padres.

Considero que estas cuestiones deben ser habladas y debatidas en todos los ámbitos y sobre todo en el seno de cada familia, están en juego cuestiones tan trascendentes como evitar la conmoción y temor público y preservar el derecho inalienable a la educación. 


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